Hasta el 5 de noviembre se realizará esta instancia del concurso para seleccionar cinco fiscales y cuatro defensores por circunscripción.
El jueves se llevará a cabo el concurso de fiscal regional de la Tercera Circunscripción Judicial (Venado Tuerto), desde las 10 en el Centro Cívico, 9 de julio 1765 (esquina Ruta 8) de esa localidad. En este caso están postulados Gabriela Ates; Karina Bartocci; Natalia Ferrero; Fernando Palmolelli y Alejandro Sinópoli.
El Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal son organismos clave de la nueva justicia penal santafesina. En la selección de los cargos regionales participan jurados locales y nacionales, las pruebas de oposición son públicas -consisten en la defensa por parte de los candidatos del plan de trabajo presentado previamente- y la ciudadanía puede hacerles preguntas.
En esta etapa se cubrirán cargos de fiscal regional en las ciudades de Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela; y de defensor regional en Santa Fe, Rosario, Reconquista y Rafaela. Vale destacar que los jurados elevarán las ternas al gobernador, quien elegirá al candidato para luego enviar su pliego a la Legislatura.
El Ministerio Público de la Acusación será ejercido por el fiscal general y los demás órganos contemplados en su ley orgánica. La misión que tiene a cargo es la de ejercer la persecución penal pública: promoverá y ejercerá la acción penal, dirigiendo al Organismo de Investigación y a la Policía en función judicial, siendo responsable de la iniciativa probatoria para demostrar la verosimilitud de la imputación delictiva.
El fiscal general es el responsable de la organización y funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación. Tiene como funciones y atribuciones el determinar la política de la institución, fijar los criterios para el ejercicio de la persecución penal e impartir las instrucciones de carácter general que permitan un mejor desenvolvimiento del servicio.
Además, organiza la estructura administrativa de las distintas unidades fiscales y de los órganos de apoyo que no pertenezcan a la órbita exclusiva de una Fiscalía Regional, de acuerdo con las necesidades del servicio y las posibilidades presupuestarias.
Los fiscales regionales son cinco, uno por cada circunscripción judicial. Cada fiscal regional será el jefe del Ministerio Público de la Acusación en la división territorial para la que fue designado, y el responsable de su buen funcionamiento. Deben dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo y auxiliares que de ellos dependan, a efectos del mejor desenvolvimiento de la función, evitando el uso de prácticas burocráticas. Además, impartirán instrucciones generales y particulares a los fiscales y fiscales adjuntos, para una persecución penal más eficaz. Por otra parte, fijarán los criterios de asignación y distribución de los casos en los que deba intervenir el Ministerio Público de la Acusación, promoviendo prácticas flexibles y la conformación de equipos de trabajo.
En tanto el Servicio Público Provincial de Defensa Penal proporciona servicios de defensa penal técnica a toda persona sometida a un proceso penal y a las personas condenadas hasta la extinción de la pena. Actuará siempre que la persona sometida a un proceso penal se niegue o no pueda designar un defensor de su confianza o que no haya optado por ejercer su propia defensa, en los casos y bajo las circunstancias en que la ley así lo dispone.
El Defensor Provincial dirige y representa al Servicio Público Provincial de Defensa Penal y es responsable de su organización y buen funcionamiento, en tanto habrá cinco defensores regionales, uno por cada circunscripción judicial. Cada defensor regional es la máxima autoridad institucional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal en su circunscripción y responsable de su buen funcionamiento.-
